LANZAMIENTO DEL ESTUDIO SOBRE EMBARAZO Y MATERNIDAD  ADOLESCENTE



Cusco 30 de mayo. El embarazo y la maternidad en adolescentes tienen un grave impacto en el desarrollo integral de las adolescentes, constituyéndose como problemas de salud pública y de violación de derechos humanos que, por si no fuera poco, comprometen los derechos reconocidos por la Convención Internacional de los Derechos del Niño.

Ambas situaciones, cabe resaltar, menoscaban la situación de las niñas y/o embarazadas respecto a sus oportunidades, cumplimiento y acceso a los derechos de salud, educación, protección, trabajo y empleo digno, reproduciendo los ciclos de pobreza y exclusión.

 

 

En el país, según UNFPA, en el año 2020, la tasa de embarazos fue de 10.1% en zona urbana y 22.7% en zona rural. Ello representa que, cada hora 8 adolescentes entre 15 y 19 años tienen un parto en el Perú, muchas de ellas son maternidades impuestas por su limitada autonomía corporal.

La región Cusco no es ajena a esta realidad preocupante, pues en el año 2021 la GERESA reportó 1961 embarazos en adolescentes (7.5%) y estas cifras son más elevadas en las zonas alto andinas y amazónicas de la región.

 

 

Por ello de manera articulada: El Gobierno Regional de Cusco, La Gerencia de Desarrollo Social, la Gerencia Regional de Salud Cusco, con el apoyo técnico y financiero de Plan International realizan un estudio que ofrezca evidencias de la situación actual del embarazo y maternidad temprana, las consecuencias socioeconómicas y socio-emocionales, y propuestas viables de solución a nivel normativo, estratégico y financiero, en respuesta a las consecuencias identificadas y que transversalice los enfoques de género, derechos humanos e interculturalidad en todo el proceso.

El estudio abordara la situación de las niñas y/o embarazadas en zonas alto andinas, interandinas y zonas amazónicas. A partir de los resultados del diagnóstico, se espera proponer alternativas de solución viables, regionales y/o locales según corresponda, destinadas a implementar normas, políticas públicas, estrategias, programas y/o proyectos que contribuyan a reducir sustancialmente estos casos y promueva el desarrollo y los derechos de niñas y adolescentes. Estas propuestas y alternativas deben coadyuvar a la toma de decisiones a nivel del gobierno central, regional, local y la sociedad civil, etc.