- “El COVID-19 nos obliga a quedarnos en casa, no a permitir la violencia de ningún tipo”
- "El gobierno tiene que apoyar con alternativas económicas a las familias más vulnerables; de lo contrario, serán las niñas, los niños y las mujeres los que pagarán el precio más fuerte de esta situación"
Por Veronique Henry
Directora País de Plan International Perú
Artículo de "El Comercio" de 28 de marzo de 2020
Ahora que se extendió hasta el 12 de abril la medida de emergencia en el país, y con esta, el aislamiento social, necesitamos más que nunca el apoyo de la ciudadanía en vigilar y alertar sobre casos de violencia doméstica y abuso infantil en su propia casa o en su entorno cercano. Con estas medidas de confinamiento nunca vistas antes en el mundo, aumentan de manera preocupante los casos de violencia en los hogares, producto del machismo, y agudizados por el estrés, la angustia y la incertidumbre frente a la carencia de ingresos, de alimentos y de productos básicos. Este aislamiento es el terreno ideal para un agresor, que busca justamente impedir a su víctima pedir apoyo externo. Las mujeres y niñas son particularmente expuestas en este tipo de situaciones y deben ser protegidas ante estos riesgos.
En China, el país del mundo que cuenta con más tiempo de aislamiento, los datos han mostrado que las tasas de violencia doméstica se han triplicado durante las medidas de confinamiento. La mayoría de los países busca maneras de impedir que estos índices de violencia se disparen. En Australia, por ejemplo, el Estado está fortaleciendo sus mecanismos de protección entregando teléfonos a las mujeres en riesgo. El Perú no se quedó atrás: el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), en el marco de las normales legales que establecen medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del COVID-19 en el territorio nacional, ha establecido que si una mujer es víctima de violencia debe solicitar ayuda. Los servicios de atención a las mujeres e integrantes del grupo familiar víctimas de violencia garantizan la atención oportuna a través de la Línea 100 (gratuita para llamadas desde cualquier teléfono fijo, celular o público durante las 24 horas, los siete días de la semana en el ámbito nacional), a través del Servicio de Atención Urgente-SAU (que brinda atención inmediata en casos de flagrancia de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar), del Chat 100 (servicio de orientación por Internet, a través de mimp.gob.pe/chat100) y de los equipos itinerantes de urgencia (que atienden en los lugares donde no existen los SAU). Las comisarías, fiscalías y Poder Judicial siguen funcionando y reciben denuncias durante este período de emergencia. El Poder Judicial atenderá casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar (se ha asegurado personal en juzgados que manejan los casos de violencia). Las fiscalías de turno, penales y especializadas en violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar están operativas. Y finalmente, no se ha suspendido el dictado de medidas de protección, ni la ejecución de las preexistentes, durante el período de aislamiento.
El rol de las Fuerzas Armadas y policiales es crucial también en esta vigilancia, que es responsabilidad de todas y todos. Los efectivos deben estar capacitados sobre cómo atender y responder a casos de violencia doméstica, y también sobre su obligación de respetar los derechos humanos en el ejercicio de su mandato (el militar que golpeó brutalmente a un joven en Sullana es un ejemplo alarmante de los abusos que pueden cometer las fuerzas públicas durante un estado de emergencia).
De igual manera, en este contexto extremadamente difícil e impredecible, el gobierno tiene que apoyar con alternativas económicas a las familias más vulnerables; de lo contrario, serán las niñas, los niños y las mujeres los que pagarán el precio más fuerte de esta situación.
En tiempo normal, las mujeres, los niños y las niñas se enfrentan a muchas barreras para denunciar la violencia de la cual están siendo víctimas. Estas barreras son aún más fuertes ahora. Por esto tanto la ciudadanía como la sociedad civil y el Estado debemos intensificar nuestra vigilancia y respuesta en estos casos. El COVID-19 nos obliga a quedarnos en casa, no a permitir la violencia de ningún tipo.
